En el ámbito penal, se han detectado la postergación de más de 93 mil causas producto de los confinamientos, y cuyo agendamiento, una vez culminado el Estado de Excepción, hace preveer un importante flujo para el segundo semestre y para inicios del próximo año.

El otro equipo de trabajo elaborará una solución en el ámbito de la justicia civil, comercial, laboral y de familia. En ambos casos se elaborarán propuestas en un plazo no superior a los 45 días.

Esta mañana, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto al Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, presentaron el Plan de Acciones para Enfrentar la Futura Normalidad”, que incluye propuestas en el ámbito de la justicia penal, civil, comercial, laboral y de familia.

La Ley 21.226, impulsada por el Gobierno, permitió suspender audiencias, prorrogar plazos y dar atribuciones a la Corte Suprema para adaptar los procesos judiciales a la realidad de confinamiento y restricción de movimientos que ha exigido la pandemia. Sin perjuicio de ello, se observan nuevas temáticas para el futuro próximo, una vez culminado el Estado de Excepción.

Por una parte, se prevé la sobrecarga del sistema para el segundo semestre (y eventualmente 2021), producto de la suspensión actual de audiencias y el retraso de actuaciones judiciales. Además, está la necesidad de adaptar el sistema de justicia a la “futura normalidad”, aprovechando las lecciones y mejoramientos al sistema que deja esta experiencia, como por ejemplo son las videoconferencias.

Para abordar estas problemáticas, se conformarán dos grupos de trabajo: Una en el ámbito de la Justicia Penal, y otra en materias de Justicia Civil, que actuarán en forma paralela, en los mismos plazos, cuyo propósito será entregar propuestas para resolver anticipadamente las dificultades que se avizoran para el retorno del funcionamiento de la justicia.

Será el Ministerio de Justicia y DDHH el encargado de coordinar ambos grupos de trabajo y elaborar las iniciativas de ley que el Ejecutivo propondrá al Congreso Nacional, en un plazo no superior a 45 días.

Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, explicó que “los antecedentes que tenemos, y que hoy día ya se está produciendo, hablan de una suerte de congestión previsible hacia el futuro, por la cantidad de actuaciones judiciales que se han suspendido y que se van a reactivar, una vez tengamos el pleno restablecimiento de nuestro país”.

“Tenemos algunas ideas que ya se están conversando para resolver en lo Penal como dice relación modificaciones en los procedimientos abreviados, los cambios en las formas de efectuar los términos probatorios, qué hacer cuando se produce la anulación de los juicios para ver si hay que repetir todo el proceso o podemos hacer algo más simplificado o parcial. Y ciertamente, en el ámbito civil, también pensamos que esta es una oportunidad para repensar ciertas materias como, por ejemplo, podemos incorporar instancias como las mediaciones o trámites conciliatorios que nos hagan más rápida y más efectiva las decisiones judiciales por vías no necesariamente tan formales y estructuradas”, cerró el Ministro Hernán Larraín.

En la Región de Valparaíso, el secretario regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos, José Tomás Bartolucci, enfatizó señalando que “lo que nos interesa, principalmente, es poder cautelar la debida defensa de los derechos de las partes involucradas en los juicios en las diferentes materias civiles y penales, y para ello estamos trabajando desde el nivel central, con absoluta pertinencia a nivel regional.”

Detalles del trabajo en materia de Justicia Penal:

Según cifras conocidas durante la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, en los Tribunales de Garantía, si bien se han seguido realizando actuaciones durante este periodo, pese a los confinamientos, la cifra de audiencias no realizadas –desde el 16 de marzo hasta el 31 de mayo– supera las 90 mil causas. Y en el caso de los Tribunales Orales en lo Penal, las audiencias pendientes alcanzan las 3.663, en igual periodo.

Por ello, la Comisión Coordinadora de la Justicia Penal acordó este lunes, 8 de junio, la conformación un grupo de trabajo compuesto por el Presidente de la Corte Suprema (que estará representado por el Ministro Manuel Antonio Valderrama), el Fiscal Nacional, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Defensor Nacional y el Colegio de Abogados. Incorporará a dos expertos y consultará a centros académicos y asociaciones de las diversas instituciones.

Detalles del trabajo enmateria de Justicia Civil, Comercial, Laboral y de Familia:

Esta cartera ministerial propuso a la Corte Suprema una mesa de trabajo conjunta para abordar las temáticas civil. Éstafue aprobada mediante resolución del Pleno de la Corte Suprema, con fecha 2 de junio de 2020, designándose a la ministra señora Rosa María Maggi para que participe en dicha instancia.

La metodología para elaborar este plan considerará la realización de reuniones participativas con expertos y actores del sistema, y levantamiento de datos e información del sector.

Para esto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto al Poder Judicial, constituirán una mesa de trabajo, durante el mes de junio, integrada por el Consejo de Defensa del Estado, el Colegio de Abogados ylas Corporaciones de Asistencia Judicial, como también invitará a participar en audiencias a otros expertos, centros académicos, jueces y asociaciones gremiales de las instituciones vinculadas, quienes deberán entregar una propuesta en máximo 45 días.