La diputada del PPD y miembro de la Comisión de Familia, Carolina Marzán, destacó la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, del proyecto de ley que establece medidas para garantizar a las mujeres la libertad de amamantar sin discriminación y como un derecho de la niñez el acceso a la lactancia materna, sancionando cualquier discriminación arbitraria que cause privación, perturbación o amenaza a estos derechos.

De esta manera, los recintos públicos no podrán imponer cobros a las mujeres que deseen ejercer libremente el derecho a amamantar; las salas especiales de amamantamiento deberán presentar condiciones adecuadas de higiene, comodidad y seguridad; y los empleadores de las madres trabajadoras deberán otorgar las facilidades para sacarse y conservar adecuadamente su leche, entre otras medidas.

Asimismo, se establece la posibilidad de que todas las madres puedan donar voluntariamente su leche para el uso o beneficio de los recién nacidos que no tengan posibilidad de ser alimentados por su propia madre, o cuando la leche producida por su progenitora constituya un riesgo para la salud del lactante.

«Amamantar es un acto que tiene muchos beneficios. En el caso de los niños y niñas evita la formación de cólicos, se logra la hidratación necesaria, se disminuye el riesgo de ciertas enfermedades y previene el sobrepeso. Y en el caso de la madre previene el cáncer de mamas, de ovarios, osteoporosis, y lo más importante es que se crea un vínculo que no se disuelve en el tiempo entre ambos», indicó la diputada Marzán.

La parlamentaria agregó que «no queremos más casos como el de Johanna Cortés, quien fue desalojada de un tribunal por una funcionaria mientras amamantaba a su hijo de dos años, debido a la molestia que generó en la magistrada. Es inaceptable que esto quede al arbitrio de personas con escaso criterio, por lo que es urgente establecer un marco normativo que entregue certezas, un marco jurídico que entregue protección y garantías».

Finalmente, el texto legal -que pasó al Senado para cumplir con su Segundo Trámite Legislativo- señala que quien prive arbitrariamente el ejercicio de este derecho, arriesga una sanción de una a cuatro UTM (entre $48.000 y $194.000 aproximadamente), y será el Juzgado de Policía Local correspondiente al lugar en que se cometió la infracción, el órgano  competente para conocer de este asunto.