Iniciativa es liderada por el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

El pasado viernes 27 de diciembre se realizó el lanzamiento regional de la Segunda Consulta Ciudadana por Discriminación que tiene como objetivo principal perfeccionar la Ley Antidiscriminación y elaborar una política nacional antidiscriminación para todos los órganos de la Administración del Estado, tal como lo anunció el Presidente Sebastián Piñera.

En este contexto la Seremi de Gobierno de la Región de Valparaíso Leslie Briones, enfatizó en que “estamos cumpliendo con un compromiso que hizo el Presidente Sebastián Piñera en su programa de Gobierno. Avanzando en una política que sea mucho más inclusiva y por supuesto mucho más respetuosa por las personas. Lo que busca esta consulta es recoger experiencias, vivencias de aquellas personas que en alguna oportunidad se han sentido discriminadas de manera arbitraria y que por lo tanto puedan entregar sus testimonios a través de esta consulta que tiene 15 preguntas”.

La consulta se aplicará por un mes y se podrá responder a través del sitio web www.yoterespeto.cl o de manera presencial en las diferentes gobernaciones provinciales de la región, tiene carácter nacional, es voluntaria, anónima y no vinculante, y tiene por finalidad actualizar la percepción y concientizar a la ciudadanía sobre la discriminación en el país. Estará disponible en español, mapudungún, aymara, rapanui y kreyol en el sitio web.

En relación a los últimos datos relacionados a la discriminación en nuestro país, la vocera regional agregó que “según el último informe entregado por la Corte Suprema, cerca de 400 personas han invocado la ley antidiscriminación más conocida como Ley Zamudio, donde el 39% se ha sentido discriminada arbitrariamente por causas de enfermedad o discapacidad, un 9% por causas de ideología política y un 7% por causa de condición sexual”.

Una vez que se cumpla el plazo en que se realiza la consulta, la entrega de resultados constará de un análisis cuantitativo y un informe final, que tiene un plazo mínimo de ocho semanas posterior a la entrega de los insumos y será realizado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.