Autoridades regionales se reunieron en el Centro de Detención Preventiva de Quillota para relevar los alcances de la nueva ley que sanciona los denominados «pelotazos», es decir, el lanzamiento de objetos y sustancias hacia el interior de los recintos penitenciarios. A la actividad asistieron la delegada presidencial provincial de Quillota, Pilar Cuevas; el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, Rafael González; la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, y el director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres.

La normativa modifica el Código Penal y permite sancionar a quienes ingresen o intenten ingresar objetos o sustancias a los penales mediante lanzamientos u otras vías no autorizadas, incluso cuando el elemento no logre ser recuperado o no pueda determinarse con posterioridad su contenido. También castiga a la persona privada de libertad que sea sorprendida portando algún elemento lanzado desde el exterior. Las penas contempladas van hasta los tres años de cárcel, cifra que podría elevarse a cinco años según las circunstancias del hecho.

El coronel Pablo Torres explicó que durante el primer semestre de 2025 se registraron 287 lanzamientos en la región, cifra que bajó a 126 en el mismo período de este año gracias a un trabajo preventivo coordinado entre Gendarmería, la PDI y Carabineros, además de mejoras tecnológicas incorporadas en distintas unidades penales. El seremi Rafael González sostuvo que la ley «viene no solamente a robustecer, sino que a hacer más gravosas conductas que permitían el ingreso ilícito de elementos prohibidos a los recintos penitenciarios», asegurando el perímetro de los establecimientos.

En el caso puntual del penal de Quillota, la delegada presidencial provincial Pilar Cuevas señaló que este año ya se han registrado tres lanzamientos, incluido un explosivo de tipo minero que, según precisó, afortunadamente no contaba con detonador. La autoridad valoró la nueva legislación como «un gran avance para proteger a quienes trabajan y permanecen al interior de los establecimientos penitenciarios». Por su parte, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, remarcó que la ley antipelotazo refleja la necesidad de modernizar el marco legal frente al crimen organizado, entregando al Estado «más y mejores herramientas» para enfrentarlo.

Fuente: Comunicado de prensa de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Valparaíso