Autoridades universitarias solicitaron que se dicte una orden de no innovar para detener el uso de armas de fuego en la dispersión de quienes participan en marchas.

Los rectores de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza; de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle; de la Universidad Técnica Federico Santa María, Darcy Fuenzalida; y el vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Nelson Velásquez, junto a las abogadas patrocinantes Inés Robles, de la Clínica Jurídica de la UV y Ana Karina Timm, Directora de Equidad e Igualdad de Género de la UPLA, llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso para interponer un recurso de protección en contra de Carabineros.

El objetivo de esta acción es que se ordene a Carabineros que se abstenga de usar escopetas antidisturbios y municiones (perdigón de goma, super-sock, u otros tipos) en el contexto de las próximas manifestaciones pacíficas en las que participarán estudiantes.

En caso que no prospere lo anterior, el recurso busca que se ordene la suspensión del uso de estos elementos mientras Carabineros no dicte una nueva normativa que regule su uso, y se informen las medidas de capacitación que haya desarrollado para que la normativa sea respetada por los funcionarios policiales además del tipo de elementos de disuasión que se pretende usar en las próximas manifestaciones.

El rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza, señaló que “las cuatro universidades de Valparaíso hemos presentado un recurso de protección con motivo de graves sucesos ocurridos, particularmente, en estudiantes y en personas, por un mal uso de los armamentos disuasivos por parte de Carabineros. Estamos pidiendo que la Corte se pronuncie al respecto y prohíba la utilización de esto y, sobre todo, el saltarse protocolos que tampoco se cumplen en el uso de los armamentos que, finalmente, no son disuasivos, sino que terminan provocando un grave daño con las secuelas que eso significa”.

Por su parte, el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, Darcy Fuenzalida, añadió que “esperamos que se acoja este recurso ya que es importante que no se usen este tipo de armas en contra de las personas que están manifestándose pacíficamente. Para eso existe un tipo de protocolo que establecen la forma en que este tipo de artefactos debe ser usado y nos importa que esto sea respetado”.

Ana Timm, directora de Equidad e Igualdad de Género de la UPLA, abogada patrocinante y doctora en derechos humanos, argumentó que “esto tiene por objeto que la Corte ejerza su deber de protección de los derechos fundamentales ante un escenario que hemos detectado como amenaza para el ejercicio del derecho a reunión y del derecho a la integridad física y psíquica, como consecuencia del uso de la fuerza que en estos días hemos visto que Carabineros ha desplegado en la ciudad y que ha tenido a su población afectada y a los estudiantes que componen las universidades de esta Región”.