Socióloga de la Universidad de Playa Ancha sostuvo que, si bien es necesario contar con una regularización clara, iniciativa legal que está en el Senado da un paso atrás en derechos políticos y sociales.

Un llamado de alerta formuló la socióloga y académica de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), doctora Elizabeth Zenteno, quien acusó que el gobierno busca aprobar, con carácter de urgencia, la Ley de Migración y Extranjería que actualmente se encuentra en el Senado, en su segundo trámite constitucional, la cual calificó como “hostil” y “restrictiva”.

La doctora Zenteno, quien además es coordinadora del Observatorio de Participación Social y Territorio de la UPLA, comentó que esta ley implica un retroceso en muchos de los derechos políticos de los migrantes.

“La ley actual se creó en dictadura y claro que es necesaria actualizarla, porque se requiere una política pública acorde a la realidad de hoy. Sin embargo, este proyecto es un retroceso, porque elimina derechos de los migrantes y coloca trabas administrativas que obstaculizan su mejor bienestar social y mejores condiciones laborales. Definitivamente, es un proyecto de ley hostil y restrictivo”, dijo Zenteno.

Agregó que se trata de una iniciativa discriminatoria que, además, en su elaboración y discusión, no incluye a las organizaciones migrantes. Junto con ello, establece que solo después de dos años de vivir en Chile, podrían acceder a los beneficios sociales, lo que perjudica directamente a quienes llegan a nuestro país en busca de oportunidades y una mejor calidad de vida.

Además de la regularización, la académica advirtió que gran parte de la población migrante presenta dificultades para encontrar trabajo, pues muchos de ellos están tramitando su documentación o, derechamente, no la tiene. Esto implica que sólo acceden a empleos precarios e informales, lo que se ha dificultado aún más por efecto de la cuarentena.

“Sin empleo, sin redes de apoyo, la alimentación diaria se vuelve todo un desafío. Por otro lado, algunos migrantes se han visto afectados en cuanto a los arriendos, pues como están sin contrato, tampoco tienen protección ante posibles desalojos, porque no tienen documentos. Entonces, muchas veces acceden al mercado informal de vivienda y quedan expuestos a la voluntad de los dueños. Por esto y más, es necesario una nueva ley que respete sus derechos y que les permita acceder a estos derechos sociales y políticos”, dijo la investigadora.

A raíz de sus estudios sobre el fenómeno de la migración, la doctora Zenteno ha desarrollado un trabajo colaborativo con esta comunidad, a través Mao Santiago Montoya, coordinador general de la Fundación Centro de Orientación Migratoria de la Región de Valparaíso, quien lamentó el contenido del proyecto de ley.

“Es un proyecto de ley que se ha vendido bajo la bandera de los derechos humanos… Es un proyecto poco garantizador de los derechos humanos. El acceder a derechos fundamentales, como la salud y la educación, se hace cuesta arriba. El tema de la regularización se hace más complejo desde el punto de vista administrativo… no es un avance, es un retroceso”.

De acuerdo a los últimos registros del Departamento de Extranjería, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en la Región de Valparaíso hay cerca de 70 mil migrantes. Sin embargo, se estima que un porcentaje importante de ellos se ha desplazado a otras zonas en busca de trabajo, a causa de la crisis sanitaria.