Este lunes comenzó a sesionar la Comisión Mixta encargada de revisar el proyecto que permitirá la instalación de tobilleras electrónicas en personas formalizadas por violencia intrafamiliar que tengan prohibición de acercarse a la víctima, así como en aquellas causas consideradas de “alto riesgo” que sean conocidas por los Tribunales de Familia.

En la primera sesión estuvo presente el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, quienes llegaron a un acuerdo con la senadora Adriana Muñoz, para fusionar un proyecto del Ejecutivo relativo a la materia, con una moción de la parlamentaria.

Con este acuerdo alcanzado, se acelera el debate, dado que el proyecto presentado por el Gobierno aún está en primer trámite constitucional, mientras que la moción de la senadora Muñoz se encuentra con discusión inmediata y terminando su tramitación. Las estimaciones son que el proyecto sería promulgado a más tardar en mayo, para comenzar su aplicación a fines de este año, pues hay seis meses de vacancia.

El seremi de Justicia y Derechos Humanos, José Tomás Bartolucci, señaló que “lo que busca este proyecto es prevenir el acercamiento de la persona formalizada por violencia intrafamiliar a la víctima, lo que se hace posible gracias a que el dispositivo que será implementado, en caso de incumplirse con las medidas de alejamiento del tribunal, generará un aviso inmediato a la víctima en su teléfono celular, así como a la policía, de forma simultánea. De esta manera, la alerta pretende disuadir al victimario de un intento de acercamiento, permite, también, a la víctima contar con un lapso de tiempo para tomar resguardo, y da aviso a las policías para tomar medidas oportunas que sean necesarias y activar protocolos tendientes a evitar que ocurran nuevas agresiones o un desenlace fatal”. 

En la legislación actual, el uso de tobilleras electrónicas se aplica solo en las personas que son condenadas por diversos delitos, pero no en la fase investigativa, es decir, durante las audiencias de control de detención, impidiendo así hacer efectiva la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima, que habitualmente dictan los Tribunales de Garantía en los casos de violencia intrafamiliar.

La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Valentina Stagno, indicó que “si bien, este proyecto de ley no es una solución definitiva para erradicar la violencia que sufren muchísimas mujeres día a día, desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género tenemos la convicción que sí significará un gran avance en la lucha por la prevención y la mitigación de todas las expresiones de la violencia de género”.