Alberto Ramírez realizó charla a estudiantes de Nutrición y Dietética de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), en la cual también se refirió a las consecuencias que el COVID-19 ha generado en la población.
La crisis sanitaria del COVID-19 acentuó la pobreza, exacerbó las desigualdades y amplió las diferencias en la aplicación de los derechos humanos, uno de las cuales corresponde al derecho a la alimentación.
Así lo expresó el consultor de la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Alberto Ramírez Fiora, quien dictó una charla a estudiantes de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), en el marco de la asignatura de Seguridad Alimentaria de la carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta casa de estudios.
En la cita, el profesional se refirió a la última publicación de la FAO, que revela que la pandemia ha generado un fuerte impacto en América Latina, acentuado la brecha de la pobreza y las desigualdades.
“En general, se ha profundizado un proceso de deterioro de la seguridad alimentaria a nivel de la región en dos aspectos: por un lado, en la subalimentación (el déficit de alimentación que venía hace cinco años en incremento el porcentaje de personas en situación de inseguridad alimentaria) y lo que hizo la pandemia fue profundizar esa tendencia… Por otra lado, también se ha profundizado bastante la problemática de sobrepeso y obesidad, dándose la paradoja de que en muchos países se está registrando el fenómeno de la doble carga de la malnutrición, que es que, en el mismo país, en el mismo territorio, incluso, se da que parte de la población está con déficit alimentario y otra parte con sobrepeso y obesidad”, dijo Ramírez.
Recordó que, en 1966, la alimentación se consagró en el derecho internacional (en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) como el derecho a poder alimentarse con dignidad. Este derecho establece que todas las personas, en todas partes, deben tener acceso a una dieta adecuada y nutritiva, que resulte accesible sin tener que hacer grandes esfuerzos para obtenerla, que sea asequible, lo que significa que las familias no tengan que sacrificar otras necesidades básicas para comprarla, y que sea nutritiva y acorde con las costumbres religiosas y culturales.
Lo anterior no se estaría cumpliendo, pues la pandemia ha generado disminución de ingresos, lo que favorece que las personas compren alimentos de menor calidad nutricional. Frente a esta realidad, Ramírez sostuvo que se podrían aplicar distintas medidas: una de las opciones sería entregar subsidios alimentarios directos; promover el funcionamiento de los establecimientos que permitan la comercialización de alimentos frescos (ferias libres); y elevar el estándar de calidad de los alimentos que provee la agricultura familiar y que se entrega a través de la JUNAEB.
Agregó que, como es probable que esta crisis sanitaria o socioeconómica continúe o se repita, es necesario tomar medidas a mediano y largo plazo sobre alimentación, para lo cual es clave introducir este tema en la nueva Constitución.
“Definitivamente, tenemos que empezar a tomar decisiones más estructurales en el tema de la alimentación….y ahí hay que conversar seriamente introducir el derecho humano de la alimentación adecuada en la nueva Constitución de manera explícita…no solo como se aborda ahora, dentro del paquete de la declaración Universal de Derechos Humanos que reconoce la Constitución actual, dentro del cual está el derecho a la alimentación…sino que reconocerlo de manera explícita y, por otro lado, algunas medidas constitucionales que permitan ir asegurando y poniendo el derecho a la alimentación por sobre otros derechos”, afirma Alberto Ramírez.
A su juicio, la nueva Carta Fundamental debería abordar, además, los recursos naturales asociados a la producción de alimentos. Es decir, agua y suelo tendrían que considerarse como prioridad en el uso humano y como un bien de uso público, especialmente, si se considera que nuestro país está siendo duramente afectado por el cambio climático, lo que incide directamente en la producción alimentaria. Lo anterior -advirtió- nos obligará a introducir cambios importantes sobre el derecho a la propiedad (agua y suelo), recursos naturales cada vez más escasos, los que debieran estar disponibles para consumo y riego, sin restricciones.
