El documento además solicita fiscalización efectiva y cumplimiento de todas las medidas pertinentes a través de un delegado nombrado especialmente para este efecto.

El mes pasado la resolución 458 del Seremi de Salud que dejó sin efecto el acto administrativo que establecía como obligatorio la entrega de 100 litros de agua por persona en las zonas de sequía extrema, causó gran revuelo en la comunidad, lo que para la diputada Marzán es totalmente comprensible porque “no existe una provisión mínima obligatoria y tampoco se cumple con un estándar internacional acorde a la dignidad, ni derechos fundamentales reconocidos para las personas”, señaló la parlamentaria.

“En nuestro país, el agua es constitucionalmente considerada un bien nacional de uso público, pero se conciben derechos de aprovechamiento sobre los cuales se tiene propiedad. No hay una priorización en la relación del agua con la subsistencia humana. De este modo, no estamos considerando el agua como un elemento vital para las personas, ni como elemento fundamental para la sobrevivencia de todas las especies.  Además, carecemos de una política de gestión integral del agua de carácter general y obligatoria a nivel nacional, se hace urgente generar cambios y adecuaciones en todas las instancias institucionales y normativas para tener un país con seguridad hídrica y con gestión integrada. Necesitamos mejorar en la información sobre la cantidad y calidad de recursos hídricos, junto con una institucionalidad que, como mencioné, promueva el desarrollo equitativo y permanente”, comentó la diputada del PPD.

Asimismo, la parlamentaria dijo “nuestro país se está secando y los permisos para el uso de agua por partes de empresas siguen siendo otorgados de manera permanente y con explotación indiscriminada de unos pocos. Debemos defender el agua como un bien de uso público, como un derecho con vocación colectiva, el agua es de todos los chilenos. Sobre todo, en estos momentos donde uno de los principales requerimientos para combatir el COVID-19 es el lavado constante de las manos. Según datos de la OMS, la cantidad de agua que se provee y que se usa en las viviendas es un aspecto importante de los servicios de abastecimiento de agua domiciliaria que influye en la higiene y, por lo tanto, en la salud pública. ¿Entonces cómo es posible que personas que no tienen ni lo mínimo para su higiene personal, la limpieza del hogar, la alimentación y todo lo que conlleva la necesidad básica del agua, podrán resguardarse?”.

“Por eso solicitamos al Presidente de la República que se confeccione una política integral de emergencia del agua durante los meses que se prolongue la declaración del estado de catástrofe por la pandemia provocada por el covid-19, en favor de regiones del país en que se haya declarado zona de catástrofe por sequía, de esta forma se asegure una cuota mínima de agua por persona de conformidad al estándar establecido por la Organización Mundial de la Salud y que las medidas implementadas sean fiscalizadas a través de un delegado designado especial y exclusivamente para este efecto. Esperamos contar con el apoyo del Gobierno dado que el agua es un derecho humano”, concluyó la diputada Marzán.