Una investigación periodística reveló que Sociedad Profesionales de la Seguridad Ltda., empresa de la cual la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat (independiente, ex UDI), es dueña del 75%, habría acumulado 87 nuevas órdenes de compra con organismos del Estado desde el 28 de noviembre de 2025, fecha en que entró en vigencia la Ley 21.659. Esa normativa prohíbe expresamente a las empresas de seguridad privada con participación de alcaldes y concejales contratar con instituciones públicas.

Según lo reportado, entre las entidades que figuran como contratantes de la firma se encuentran el Servicio de Salud de Coquimbo, el Hospital de Putaendo, el Cesfam de Llay Llay y el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio. De acuerdo con antecedentes de El Mostrador citados en la publicación, la sociedad habría recibido en total 501 órdenes de compra de 37 instituciones estatales desde julio de 2021, y un contrato por más de 50 millones de pesos con el Registro Civil habría terminado anticipadamente tras una revisión normativa.

Consultada sobre su rol en la empresa, la alcaldesa Rossat sostuvo que no participa en su administración: «Yo no soy administradora, yo no veo nada de la empresa». Agregó que, a su juicio, la ley vigente no le impide mantener su participación societaria: «Soy socia nomás de una sociedad y eso me lo permite la ley: ser socia de una empresa, pero en la cual yo no trabajo».

El expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, cuestionó que el Estado no cuente con mecanismos tecnológicos para detectar este tipo de situaciones: «Esto con inteligencia artificial se detecta inmediatamente». En tanto, desde Chile Transparente, Michel Figueroa remarcó que la responsabilidad primera de fiscalizar el cumplimiento de la ley recae en las propias instituciones públicas que generan la contratación.

Fuente: BioBioChile