Concejales de Hijuelas presentaron una solicitud ante la Contraloría General de la República para que se investigue a la alcaldesa Verónica Rossat, luego de conocerse que Protecc Chile, empresa de seguridad vinculada a la jefa comunal, mantiene contratos con organismos estatales pese a la entrada en vigencia de una nueva normativa que lo prohibiría. Según antecedentes recopilados, la compañía se ha adjudicado 501 órdenes de compra con el Estado, de las cuales 87 se habrían concretado fuera de la normativa vigente.

Entre los organismos que contrataron servicios de la empresa figuran la Dirección General de Aeronáutica Civil, el Servicio de Salud Aconcagua y la Municipalidad de Catemu, esta última por un contrato de guardias y cámaras de seguridad para el CESFAM local, valorado en casi 6 millones de pesos. Tras conocerse el caso, el municipio de Catemu informó que invalidó el trato con la firma.

La Ley 21.659 de Seguridad Pública, vigente desde el 28 de noviembre de 2025, prohíbe que empresas cuyos propietarios sean alcaldes en ejercicio presten servicios de seguridad a organismos del Estado. La abogada especialista en derecho administrativo Mónica Bascuñán sostuvo que, de comprobarse la responsabilidad de Rossat, podrían aplicársele cargos por abandono de deberes, y que los contratos suscritos después de la promulgación de la norma deberían ser invalidados.

Por su parte, el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, planteó que la responsabilidad no debería recaer solo en la alcaldesa, sino también en las instituciones que no verificaron adecuadamente la procedencia de la empresa antes de contratar sus servicios. Rossat, consultada sobre el caso, señaló haber dado por cerrado el tema y declinó referirse públicamente al asunto.

Fuente: BioBioChile