Tras indicar la falta de sanciones efectivas para estos casos, el parlamentario reiteró la necesidad de ratificar la construcción del embalse Catemu, y reconoció la necesidad de resolver la discusión sobre la Reforma al Código de Aguas.
Luego de recorrer la zona interior de la región, y reunirse con agrupaciones de canalistas de la provincia de Quillota, el senador por la zona, Ricardo Lagos Weber criticó la falta de fiscalización de las autoridades respecto a eventuales robos o hurtos de agua que ocurrirían en la zona interior de la región, específicamente en las provincias de Petorca y Quillota.
Tras ser consultado sobre el tema, en entrevista con TV Senado, el parlamentario señaló que “la fiscalización sobre eventuales robos o hurtos de agua requiere una investigación más seria, porque hay mucho ruido sobre esta materia. Ha habido algunas sanciones, pero menores. Pero la percepción que hay, o que se comienza a instalar, es que habría algunas personas o comunidades que estarían usando agua más allá de los derechos que tienen; derechamente, usurpando aguas que no les corresponde y perjudicando a terceros”, señaló el ex presidente del Senado, y agregó: “siento que en el tema de fiscalización hay una debilidad, por cuanto no se ve una sanción efectiva”.
En este sentido, y como medida que podría ayudar a mejorar la escasez hídrica en la zona, Lagos Weber comentó que “sin lugar a dudas, el gobierno debiera ratificar que se va a construir el embalse Catemu, que está iniciado su proceso de licitación, pero hay algunas voces que se oponen. De hecho, recorriendo la región, he visto grandes carteles que dicen No al Embalse Catemu. Estamos hablando de carteles caros, por lo que tenemos personas que están dispuestas a gastar dinero para decir que no se haga el embalse, entendiendo que su preocupación es que el lugar donde se construiría no les acomoda. Pero el gobierno debe dar seguridad de que ese proceso va a seguir porque hay inquietudes”, reconoció el parlamentario regional.
En materia legislativa, acerca de la Reforma al Código de Aguas, el legislador indicó que la discusión “está trabada porque hay dos miradas distintas, respecto a si los derechos de agua son bienes privados que pueden comercializarse, o si son recursos necesarios para la agricultura o el consumo humano, y que debe tener un tratamiento distinto como un bien de uso público. Algunos sostienen que con esta discusión lo que se quiere es expropiar los derechos de agua de los que ya tienen, y la respuesta categórica es no; a nadie que tenga un derecho de agua se le va a quitar, pero otra cosa son aquellos que teniendo derechos de agua, poseen más de lo que requieren o que no los están usando, porque lo que hacen es comercializarlo, que engorde el precio del agua y venderlo, y eso es único en el mundo porque no ocurre en ningún otro país”, afirmó.
